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La Estadidad Keynesiana: una crítica de economía política

Por: Heriberto Martínez Otero, JD, MA

Un amplio sector de todas las clases sociales en Puerto Rico se ha manifestado a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado cincuenta y uno (51) de los Estados Unidos. En los plebiscitos celebrados en 1967, 1993, 1998 y 2012, los defensores de la estadidad han fallado en convencer al Congreso federal acerca de que una amplia mayoría de los puertorriqueños prefieren la anexión sobre el modelo territorial actual o sobre algunas de las modalidades de soberanía. En esta ocasión, aprovechando una coyuntura en la cual la economía de Puerto Rico se encuentra en una depresión económica que supera la década, los promotores de la anexión han desarrollado una campaña con fuerte matiz keynesiano, en la cual aseguran que con su propuesta, la crisis local acabaría porque recibiríamos más de diez mil millones de dólares ($10,000,000,000) en fondos federales a los que tendríamos derecho. En otras palabras, la estadidad implicaría un aumento en el gasto público estadounidense (presupuesto federal) para sufragar el aumento en los costos que conlleva el cambio de un modelo territorial a uno de estado federal. Si aceptamos la premisa como correcta, la pregunta que ahora se debe responder es: ¿quién paga por ese dinero al que Puerto Rico tendría derecho? Analicemos.

              El keynesianismo clásico es una escuela de pensamiento la cual establece que en el corto plazo, el estado debe intervenir en la economía a través de la política fiscal y política monetaria para moderar los ciclos económicos. Si la economía crece demasiado, el estado debe aumentar impuestos, reducir gasto público, y subir tasas de interés; mientras que si la economía se contrae, el estado debe bajar tasas de interés, bajar impuestos y aumentar el gasto público. Esta escuela de pensamiento quedó en desuso luego de que en la década de los 70, el shock petrolero tuviera como consecuencia el fenómeno del “stagflation”, en el cual se manifestaron simultáneamente alta inflación y contracción económica. En la actualidad, existen actualizaciones del pensamiento keynesiano en escuelas de pensamiento como los “Poskeynesianos” y los “Nuevos Keynesianos”, las cuales tienen similitudes ontológicas y epistemológicas, pero difieren en la metodología y en su acercamiento a la política pública en temas como la incertidumbre en el largo plazo (postkeynesian economics), o la aceptación de la existencia del “equilibrio general” (new keynesians). A pesar del desuso, el sector que promueve la anexión en Puerto Rico se ha hecho eco de las propuestas del keynesianismo más tradicional, el cual busca aumentar gasto público con el propósito de reactivar la economía, lo cual puede sonar completamente lógico, pero tiene inconsistencias muy notables.

              En economía, cada vez que se va a hacer una propuesta de gasto, se tiene que acompañar con una propuesta de financiamiento. La propuesta es que con la anexión, Puerto Rico recibirá más de $10mil millones de dólares. Ese dinero debe salir de alguna partida de ingresos, de las cuales podemos describir cinco. La primera es que el Gobierno de los Estados Unidos imprima papel moneda por valor de la cantidad que el nuevo estado (nosotros) tenga derecho a recibir.  Esta acción deberá estar respaldada por un trámites burocráticos y por un análisis sobre el impacto que tiene la impresión de moneda sobre la inflación, la cual pagamos todos los agentes económicos como coste por imprimir moneda que no esté respaldada por productividad. La segunda opción es que el gobierno federal recorte en otras partidas presupuestarias para redirigir dinero al nuevo estado. Esto implica que cincuenta estados van a tener acceso a menos dinero federal, para que PR pueda recibir el aumento en sus partidas de fondos correspondientes. La tercera opción es imponer nuevas contribuciones sobre los residentes de los 51 estados para financiar el aumento en el gasto público federal en nuestro País (el cual ya sería estado). La cuarta opción es que el gobierno federal genere un déficit por cuenta corriente el cual pueda corregir emitiendo deuda (la cual ya representa el 100% del PIB de EEUU). La quinta opción sería una combinación de las opciones dos, tres y cuatro. Todos estos esquemas sirven para reflejar que el costo por anexión tiene impacto directo sobre la política fiscal en EEUU, tanto por el lado del gasto público como por el lado de las contribuciones (ingresos). Una última opción sería que los fondos federales asignados al nuevo estado fueran igual a la partida recogida por el pago de contribuciones al interior de la jurisdicción. Esta opción no está incluida en la discusión debido a que en Puerto Rico no parece posible aumentar más la carga contributiva a trabajadores, profesionales y empresas para recaudar $10mil millones de dólares adicionales. Además, no hace falta un cambio de status para aumentar impuestos y gasto público al interior de una jurisdicción local.

              Esta discusión nos lleva a la centralidad del debate en donde el sector que promueve la estadidad para Puerto Rico debe contestar varias preguntas fundamentales: ¿quién debe pagar por el aumento del gasto público federal? ¿quiénes en Puerto Rico deben pagar más impuestos y quiénes se beneficiarían de los fondos federales? ¿Están los agentes económicos locales preparados para una reforma tributaria que incluya impuestos federales? ¿Los impuestos federales que los puertorriqueños pagaríamos serían suficientes para que el gasto federal en PR no sean un subsidio de los demás estados a nuestra jurisdicción? Finalmente, lo importante de esta discusión es exigir consistencia. El gobierno de turno promueve una idea de estadidad keynesiana donde el gasto público federal es esencial para la existencia material de muchos sectores en Puerto Rico, mientras que a nivel local aplican políticas de austeridad de corte neoliberal a la Universidad, educación, salud y nómina. Estas acciones de política pública local nos deben llevar a concluir que los promotores de la estadidad keynesiana serían los primeros en favorecer los recortes al gasto público federal, lo que llevaría a un modelo que perpetúa la pobreza y el aumento de la desigualdad. Por lo tanto, promover la estadidad como opción de status sin contestar las preguntas fundamentales de naturaleza económica y aplicar políticas públicas austeras, contrarias a las que se exigen a nivel federal, puede caer bajo el marco del peor de los populismos.

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Cooperativismo en tiempos de depresión económica.

Por: Heriberto Martínez Otero

La economía capitalista se caracteriza por ser un sistema inestable el cual genera períodos de crecimiento y otros de contracción económica. Por esta razón, los economistas hablamos de los ciclos económicos al momento de explicar variables como el empleo, el producto interno bruto, los recaudos del gobierno, la inversión de las empresas, entre otros. En el caso de Puerto Rico, existe un consenso generalizado de que la economía está en un estado de depresión económica, el cual se ve manifestado en la destrucción de puestos de trabajo, migración, deterioro de infraestructura física, aumento en las ejecuciones de hipoteca, y recortes en el gasto público e inversión social. Donde no existe consenso es en la explicación de cómo llegamos hasta aquí, y en cuál es la hoja de ruta a seguir para salir de la crisis.

 La insistencia de muchos economistas en aplicar políticas de recorte del gasto público para salir de la crisis está relacionada a un diagnóstico erróneo de la circunstancias por las cuales llegamos a la actual depresión económica. La realidad es que la crisis en Puerto Rico es producto de un problema sistémico en el cual los medios de producción de alto valor agregado (manufactura, investigación, desarrollo) han estado principalmente bajo control de un capital que no reinvierte el dinero en la economía local. El empresario local ha estado históricamente localizado en áreas intermedias de producción, en construcción y en las ventas al detal. Por lo tanto, una economía en la cual los medios de producción que generan alto valor agregado estén subordinados a la inversión extranjera directa, correrá siempre el riesgo de la inestabilidad por los ciclos económicos globales, y sufrirá de las deficiencias estructurales de no tener poderes propios para articular su política económica.

Pienso que en estas circunstancias, la forma más efectiva para organizar un ecosistema empresarial local dedicado a las áreas de alto valor agregado es a través de organizar la producción en empresas de riesgo compartido o cooperativas. De acuerdo con el libro “Democracia Obrera” del Dr. Francisco Catalá, el cooperativismo se ha utilizado en muchas partes del mundo como modelo para organizar la producción, generar empleo, aumentar la competitividad y reactivar la economía en períodos de fuerte contracción económica. Este modelo se caracteriza porque los trabajadores son dueños de la empresa, lo cual promueve aumentos en productividad, y se crea una relación orgánica entre trabajadores, empresa y comunidad a la cual se pertenece o representa. Conceptos como explotación y conflictos obrero-patronales, desparecen de este esquema debido a que el modelo se fundamenta en la economía solidaria, la propiedad colectiva de la empresa, y la democratización de la toma de decisiones empresariales tales como “qué, cómo y cuánto producir”. Cooperativas como IUPICoop Café, DereCoop (librería), Coopharma (farmacias), Indulac (industria lechera), El Alcázar (vivienda), son ejemplos contundentes de los diferentes sectores de la economía en los cuales el cooperativismo ha demostrado ser un modelo exitoso en una década de depresión económica. La idea es pensar en cómo fortalecerlo y expandirlo.

Una Estrategia de Desarrollo Económico para evitar el Máximo Saqueo

Una Estrategia de Desarrollo Económico para evitar el Máximo Saqueo

Ricardo R. Fuentes-Ramírez

Ponencia en Foro Estrategias de Desarrollo Económico de la Asociación de Economistas de Puerto Rico – 19 de mayo de 2017

I.¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí?

Ya es generalmente aceptado que indicadores tradicionales como el Producto Interno Bruto son inadecuados para evaluar la situación socioeconómica de un país. En su lugar, se han desarrollado indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora elementos de salud y educación junto al nivel de ingreso. Puerto Rico obtuvo un IDH de 0.845 en 2015. Como en años anteriores, estamos en la categoría más alta de desarrollo, junto a países como Noruega, Estados Unidos, y Japón. Sin embargo, pocas personas aclaran que desde el 2010 se ha estipulado que el IDH mide “desarrollo potencial”. El “desarrollo actual” de un país se mide con su IDH Ajustado a Desigualdad (IDHD). Puerto Rico obtuvo en 2015 un IDHD de 0.735. Caemos una categoría y estamos junto a países como Croacia, Kazajstán y Latvia. Caemos de categoría por nuestro bajo nivel de vida, medido con el índice de ingreso ajustado a desigualdad. En la dimensión de nivel de vida, nos posicionamos en la penúltima categoría de desarrollo, y ya países como Argentina y Uruguay nos han superado. De hecho, todos los países con niveles de vida cercanos al nuestro mejoraron de 2010 a 2015, mientras nosotros empeoramos.

Ya se ha escrito mucho sobre cómo llegamos aquí. Solo insisto que esto no es culpa de la derogación de la Sección 936 (aunque sí aceleró el proceso), ni mucho menos de gigantismo gubernamental. Estamos viviendo una crisis estructural que resulta de no actualizar nuestro modelo de desarrollo, evidentemente desgastado desde los 70s. Para más sobre la historia, el diagnóstico y también soluciones, recomiendo Dietz (2003), Quiñones Pérez & Seda Irizarry (2016), Ayala & Bernabe (2009), e Irizarry Mora (2011).

II. ¿Qué hacer?

A.Reforma Laboral

Según una encuesta reciente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), el 80% de los/as economistas del país se oponían a la Reforma Laboral del PNP. Investigaciones científicas proveen más evidencia a favor de una visión de “Worker Rights As Growth Strategy” (ver Bivens, 2003; Weller et al, 2017).

Por tanto, necesitamos una nueva Reforma Laboral que:

• Fomente y facilite la organización sindical en todas las empresas y que castiguen las violaciones de dicho derecho.

• prohíba y penalice la contratación de rompehuelgas.

• establezca que toda empresa privada que disfrute de algún beneficio, subsidio, incentivo o contrato del gobierno tenga la obligación de renunciar al desarrollo de campañas anti-sindicales encaminadas a evitar que sus trabajadores y trabajadoras se organicen y pagarle beneficios marginales a sus trabajadores/as.

• Reconozca el derecho de los trabajadores y trabajadoras en huelga a recibir los beneficios del seguro por desempleo y de asistencia pública.

• Establezca que cada empresa con más de 100 empleados deba tener una unión (según los datos trimestrales del BLS, aplicaría a alrededor de 750 empresas).

B.Rechazo a Austeridad

Según la AEPR, el 83% de los/as economistas del país se oponen a la austeridad propuesta por la Junta y el gobierno actual. A nivel global, hemos tenido suficientes experimentos con la austeridad. Un ejemplo pertinente es el de la Crisis del Este Asiático a finales de los 1990. Malasia decidió rechazar las condiciones de austeridad que le quería imponer el FMI y decidió aumentar su gasto social. Por otro lado, países como Tailandia se fueron por la ruta de la austeridad. Malasia fue el primer país del Este Asiático en salir de la crisis mientras que en Tailandia aumentó la pobreza, la tasa de mortalidad, y el FMI tuvo que públicamente disculparse porque sus recomendaciones evidentemente no funcionaron (ver Zainal-Abidin, 2000).

Por otro lado, se ha establecido claramente que hay un vínculo entre crisis y austeridad con alzas en mortalidad (Barr et al, 2012; Bor et al, 2013; De Vogli et al, 2012; De Vogli et al, 2013; Stuckler et al, 2010).

Si ponemos el presupuesto de salud en precios constantes, en Puerto Rico llevamos más de 10 años con recortes en salud. Si miramos nuestros patrones de mortalidad, ya se ven los lamentables resultados. Mayores recortes en salud nos costarán vidas.

¿Cuántos puntos de crecimiento en el índice de actividad económica cuesta la vida de un puertorriqueño? ¿Cuántas vidas puertorriqueñas cuesta que los bonistas recobren el 1,900% de su inversión original?

Por otro lado, ¿hay gigantismo gubernamental en salud? Sí se puede hablar de mejorar la eficiencia, ya que países como Italia, Portugal y España tienen un gasto en salud per cápita similar al nuestro, pero tienen un Índice de Salud mucho más alto. Sin embargo, reducir el gasto en salud aún más no parece ser prudente.

Dicho sea de paso, estos 3 países mencionados tienen un sistema de salud universal. Si de ahorros se trata, la organización Médicos por un Programa Nacional de Salud en los EEUU ha recopilado sobre 30 estudios técnicos y artículos arbitrados sobre la eficiencia superior (y menores costos) de la salud universal.

Vemos una situación similar en educación, y demás está decir que hay una relación entre educación y desarrollo económico.

C. Política Industrial y Planificación Indicativa

El 93% de los/as economistas del país favorecen se eliminen subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo. Debemos romper con la práctica “One Trick Pony” de la Exención Contributiva. Necesitamos un gobierno mucho más proactivo en estimular producción local, sustitución de importaciones, y crear eslabonamientos y/o transferencia de tecnología del capital foráneo a la economía local. Necesitamos planificación gubernamental ligada a la investigación, posiblemente a través de algo como un Centro de Investigaciones de Economía y Mercadeo Global-UPR (compuesto de ingenieros/as industriales, economistas, especialistas en mercadeo y otros/as especialistas en tendencias globales). Más allá de abrir una empresa para un “photoshoot” y poder plantearle a los medios y los electores que se hizo un trabajo, necesitamos establecer metas específicas, cuantificables, con impacto sustancial, y que surjan directamente de trabajos investigativos (ej: reducir el consumo de alimentos importados en x% en X años; o aumentar el empleo manufacturero de capital local en y% en Y años).

D.Reducir Desigualdad

La evidencia empírica apunta a que la desigualdad obstaculiza el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades estimula el desarrollo económico (ver Fields, 2007; Easterly et al, 2006, Easterly 2007).

Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Según el GINI, en el período 2010-2015 fuimos el 8vo país más desigual en el mundo y el 2do más desigual en América Latina. Según el Índice Palma (la razón de la riqueza del 10% más rico al 40% más pobre) fuimos el 9no país más desigual en el mundo y el 3ro en América Latina.

Recapitulemos: si la evidencia empírica apunta a que la desigualdad obstaculiza el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades estimula el desarrollo económico, y Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo, procede que reducir la desigualdad debe ser prioritario para el gobierno.

Para reducir la desigualdad debemos estimular la igualdad de oportunidades, lo que a su vez se logra asegurando educación pública accesible y de alta calidad. En otras palabras, tenemos aún más razones para evitar recortes en la educación. Por otro lado, para reducir la desigualdad necesitamos mayor énfasis en políticas de redistribución. El 78% de los/as economistas del país están de acuerdo con aumentar los impuestos a los bienes y servicios de lujo.

Un problema clave en Puerto Rico es la evasión de cuello blanco. Una posible solución es un sistema IVA de múltiples tasas para diversos bienes y servicios de lujo, específicamente diseñado para los estratos más altos de la sociedad puertorriqueña. Dicho sea de paso, controlar el consumo de lujo fue crucial en el desarrollo de países con algunos paralelos con Puerto Rico, como Corea del Sur o Taiwan.

III. ¿Cómo llegamos de aquí a allí?

Dados los resultados de la encuesta de la AEPR, me parece que si uno reúne los y las economistas del país en un coliseo, no es imposible sacar de allí un plan de acción para el país. ¿Adelantaríamos algo con eso? Puede ser, pero posiblemente el plan se le entregará a la mano al gobernador y a la Junta, y rápidamente pasará a ser engavetado. Se engavetará aún más rápido mientras más elementos de ese plan conflijan con los objetivos e intereses de la Junta o la clase política y del poder económico local. En última instancia, la economía de Puerto Rico no tiene un problema económico técnico, como si no hemos encontrado la receta económica particular para reactivar la economía. La economía de Puerto Rico tiene un problema de economía política.

En otras palabras, no es un mero error inocente o producto de ignorancia que los partidos dominantes han sido incapaces de articular una política pública basada en la evidencia empírica que los y las economistas del país han venido recalcando por décadas. La política pública en Puerto Rico ha sido guiada por la enorme influencia de los sectores económicos más adinerados y poderosos. No es casualidad que incluso durante la crisis, los más ricos al interior de ese 10% más rico de la población, han aumentado sus riquezas mientras el resto del país se empobrece.

Ahora posiblemente estaremos bajo el control de la Junta y de un jueza en EEUU, dejándonos con aún menos herramientas de las pocas que teníamos. ¿Qué podemos hacer? Mínimamente debemos hacer el ejercicio de suponer no hacer nada.

Empecemos recordando que en 2016 estuvimos entre los 20 países con mayor tasa de migración neta (#16). Tenemos una tasa de.migración neta similar a la de Somalia, el país más pobre del mundo. En otras palabras, Puerto Rico tiene patrones migratorios a la magnitud de una crisis humanitaria.

De hecho, podríamos considerarnos en la categoría de “Desplazados Internos”, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en ocasiones asiste. Desplazados internos son definidos como “personas o grupos de personas que han sido forzados u obligados a huir o salir de sus hogares o su lugar habitual de residencia, particularmente como resultado de, o con el objetivo de evitar, … situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, … o desastres causados por el ser humano, y quienes no han cruzado una frontera nacional internacionalmente reconocida”.

De permitir que continué la austeridad que propone la JSF y el gobierno actual, veremos una migración forzosa sin precedentes. Representará el último y máximo saqueo colonial, ya que en esencia van a desposeer a los puertorriqueños y las puertorriqueñas hasta de su isla. Ese será el gran costo de no hacer nada.

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Lecturas recomendadas por tema:

 

Puerto Rico

Dietz, James. L. (2003). Puerto Rico, negotiating development and change. Boulder, CO: L. Rienner.

Quiñones Pérez, Argeo., & Seda Irizarry, Ian. (2016). Wealth Extraction, Governmental Servitude, and Social Disintegration in Colonial Puerto Rico. New Politics.

Ayala, César J., and Rafael Bernabe (2009). Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898. Editorial, Universidad de Puerto Rico.

Irizarry Mora, E. (2011). Economía de Puerto Rico. México: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Derechos Laborales y Desarrollo Económico

Bivens, Josh. “Rights make might. Ensuring worker’s rights as a strategy for economic growth.” EPI Issue Brief 192 (2003): 1-7.

Weller, Christian E., David Madland, and Alex Rowell. “Building Middle-Class Wealth Through Unions.” Challenge (2017): 1-11.

Salud y Austeridad

B. Barr, D. Taylor-Robinson, A. Scott-Samuel, M. McKee, D. Stuckler. “Suicides associated with the 2008–2010 recession in the UK: a time-trend analysis.” British Medical Journal. August 2012, v345: e5142.

J. Bor, S. Basu, A. Coutts, M. McKee, D. Stuckler. “Alcohol use during the Great Recession of 2008–2009.” Alcohol and Alcoholism. January 2013. In press.

R. De Vogli, M. Marmot, and D. Stuckler. “Excess suicides and attempted suicides in Italy attributable to the Great Recession.” Journal of Epidemiology and Community Health. August 2012. In press.

R. De Vogli, M. Marmot, and D. Stuckler. “Strong evidence that the economic crisis caused a rise in suicides in Europe: the need for social protection.” Journal of Epidemiology and Community Health. January 2013. In press.

D. Stuckler, S. Basu, and M. McKee. “Budget crises, health, and social welfare.” British Medical Journal. July 2010, 340: c3311.

Desigualdad y Desarrollo Económico

Fields, Gary S. “How much should we care about changing income inequality in the course of economic growth?.” Journal of Policy Modeling 29.4 (2007): 577-585.

Easterly, William, Jozef Ritzen, and Michael Woolcock. “Social cohesion, institutions, and growth.” Economics & Politics 18.2 (2006): 103-120.

Easterly, William, John Williamson, and Abhijit V. Banerjee. “Channels from Globalization to Inequality: Productivity World versus Factor World.” Brookings Trade Forum. Brookings Institution Press, 2004.

Easterly, William. “Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument.” Journal of Development Economics 84.2 (2007): 755-776.

Easterly, William Russell. Globalization, inequality and development: the big picture. Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2004.

Crisis del Este Asiático

Zainal-Abidin, Mahani. “Malaysian Economic Recovery Measures: A Response to Crisis Management and for Long-term Economic Sustainability.” Processed, University of Malaya, Kuala Lumpur (2000).