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La Junta Impuesta

Autor: José Caraballo Cueto

La selección de las siete personas que compondrán la Junta de Control Fiscal coincide con la creciente indignación con la Junta misma. Esta selección se puede estudiar desde varias perspectivas, pero me limitaré a analizarla brevemente desde el punto de vista político (no político partidista) y económico.

 

La democracia es un bien que debemos atesorar siempre. La falta de legitimidad que tiene la Junta no se resuelve con el nombramiento de varias personas puertorriqueñas. Para darle legitimidad a la Junta esas personas deben ser elegidas por un proceso de consulta donde todos los sectores de la sociedad estén representados (no solo el sector financiero) y la Junta misma debe validarse a través de, por lo menos, un referéndum. El mismo Abraham Lincoln dijo: “ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. Tal parecería que en esta discusión se olvidó que la democracia hay que engrandecerla, no mancillarla bajo ninguna PROMESA que ni tan siquiera trae medidas de desarrollo económico. Este olvido puede rebotar posteriormente en una falta de gobernanza.

Hay que evitar el nombramiento de personas que tengan conflictos de intereses, toda vez que la PROMESA promete no investigar a las siete personas (tienen inmunidad). Bajo esas condiciones, no se puede correr el riesgo de nombrar personas ligadas a firmas de bonistas o a personas que fueron parte de gobiernos recientes, uno de los cuales participó de la emisión de voluminosa deuda pendiente de vencerse y dirigió las emisiones de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), las cuales se puede considerar cuestionables por utilizarse para fines ajenos a los propuestos (ejemplo, para gastos operacionales). Los familiares de acreedores tampoco deben considerarse, toda vez que facilitaría los conflictos de intereses.

Aún si estas siete personas fuesen elegidas legítimamente y no tuviesen conflictos de intereses, la diversidad ideológica -entre las alas conservadoras y progresistas- de una Junta casi omnipotente también debe preservarse. Personas conservadoras, como aquellas relacionadas a organizaciones sumamente conservadoras como lo es el American Enterprise Institute, no valoran los aspectos distributivos de las crisis ni le dan mucha importancia a los sectores locales que son importantes para la recuperación de Puerto Rico. ¿Creen los empresarios locales que la Junta validará la Ley de Preferencias en las compras gubernamentales o que les darán prioridad al pago de los suplidores por encima del pago a los bonistas de fondos buitres? ¿Creen las trabajadoras que la Junta priorizará los reintegros por encima del pago de intereses a los bonistas extranjeros? Las personas de tendencia conservadora en economía consideran esos tipos de preferencias como “paternalistas” o contrarias a la ideología del “libre mercado”. Por tanto, considero que los agentes locales hubiesen salido en mejor posición con un gobierno electo, que no esté por encima de la ley nuestra, el cual hubiese dado alguna prioridad a las cooperativas de ahorro y crédito, a los pensionados y a los acreedores locales.

¿Nos molestan los gastos excesivos de la Legislatura y la corrupción que le rodea? La Junta costará más que la Legislatura y no hay garantes algunos que contengan la corrupción (gracias a la inmunidad): ni los “federales” podrán enjuiciarlos. Dicen algunos observadores casuales que la Junta era la única opción pero el Departamento del Tesoro estadounidense endosó recientemente una emisión que hizo Túnez, para ayudarlos a refinanciar su deuda.  ¿Eso no era posible con Puerto Rico, cuando el mismo Antonio Weiss testificó en el Congreso diciendo que sin la PROMESA esas otras medidas extraordinarias se volverían necesarias? ¿No era posible impugnar gran parte de la deuda que pudo haber sido declarada ilegítima o pagar los intereses a cambio de una paralización de litigios? Entonces, no era cierta la falsa dicotomía de “o PROMESA o la hecatombe”. Quizás PROMESA sea la hecatombe.

 

 

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