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¿Quiénes son “Bonistas del Patio, Inc.”?


Autor: Iyari Ríos González

La nueva propuesta para la creación de una junta de contro fiscal que intervenga en los asuntos de la Isla ha permitido definir con una mayor precisión las posiciones con respecto a esta idea que han asumido diferentes personas, grupos y organizaciones que participan en la discusión pública. Sin embargo, en algunas instancias, el perfil de esos actores no está claramente definido.

En el caso de los bonistas puertorriqueños, se han organizado – por lo menos – dos grupos para expresar su posición sobre la creación por el Congreso de EEUU de una junta de control fiscal. Ellos son el G25 y Bonistas del Patio, Inc..

El G25 lo constituyen las principales cooperativas de ahorro y crédito del país que compraron bonos del Gobierno de Puerto Rico, algunas de ellas inducidas por autoridades gubernamentales. Esta organización rechaza tajantemente la junta de control fiscal calificando la misma como una mala política pública que violenta abiertamente el principio de autogobierno en Puerto Rico. Mientras, Bonistas del Patio, Inc. favorece la misma porque entiende que ella ayudará a la Isla a restaurar su credibilidad en los mercados financieros y continuar las operaciones del gobierno. Esta agrupación interesa representar aproximadamente 50,000 puertorriqueños[1] que individualmente han invertido parte de sus riquezas en bonos del país.

En notas de diferentes diarios del país se señala como director ejecutivo de Bonistas del Patio, Inc., al Sr. Jorge Irizarry Herrans, ex – Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Algunas identifican a este antiguo funcionario público como uno de los responsables principales de las perdidosas emisiones de bono que fueron realizadas para atender el déficit de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ASR) en las que se imputó un grave conflictos de intereses a UBS Trust Company.[2]

Se ha inferido que el grupo está constituido principalmente por mujeres, personas mayores de edad y jubilados. La representación que se realiza es que son individuos que los únicos recursos que tienen para satisfacer sus necesidades son los intereses que devengan de inversiones que hicieron.[3] Sin embargo, por la información que ha circulado publicamente, tengo la impresión que una parte importante de los puertorriqueños que individualmente decidieron invertir en bonos del país no provienen precisamente de familias trabajadoras que con esfuerzo satisfacen necesidades diarias. Para invertir debes disponer de ingresos que no utilizaste para el consumo de bienes y servicios y está documentado que el nivel de ahorro personal es muy bajo en la Isla.[4]

Según datos publicados en la prensa del país, en Puerto Rico hay alrededor de 60,000 a 80,000 cuentas de inversiones individuales que poseen bonos del gobierno. En tales instrumentos hay invertidos entre $13,200 millones y $15,000 millones de la deuda que interesa ser renegociada.[5] Esto significa que la inversión promedio sujeta a renegociación por cada cuenta individual oscila entre $187,500 y $220,000. Si, como se señala, una persona pudo haber invertido hasta 66% de sus activos en este tipo de valores entonces su riqueza personal no debe ser inferior a $281,250. Este es un estimado conservador pues una persona puede tener más de una cuenta de inversión y, además, en las cifras ofrecidas no se incluye aquella inversión que no está sujeta a renegociación.

Un bonista con 30 años ejerciendo su profesión y que haya invertido entre $187,500 y $220,000 debió haber ahorrado en promedio durante ese periodo de tiempo entre $520 y $610 mensualmente. Si lleva menos años en la práctica profesional entonces esas cifras aumentan progresivamente. Según datos del Departamento del Trabajo la mediana del salario en Puerto Rico en el 2015 era aproximadamente $20,000 al año o $1,666 por mes.[6] Con ese salario resultara muy difícil ahorrar. ¿Cuántas personas usted conoce en el país que pueden ahorrar al mes más de $500?

La riqueza acumulada por un puertorriqueño promedio estoy seguro que no alcanza los $281,250. En la Isla los principales activos de una persona son la casa y el carro. En marzo de este año el precio promedio de las unidades de vivienda vendidas – nuevas y usadas – era cerca de $155,000.[7] Mientras, el vehículo más vendido en abril era el Toyota Yaris cuyo precio no alcanza $20,000.[8] Esas cifras suman $175,000. Esta es una proyección optimista pues muchas personas no tienen los medios necesarios para comprar un residencia y ser propietario de la misma.

Los bonistas individuales puertorriqueños deben ser, por tanto, personas que en su mayoría han tenido la oportunidad de generar ingresos en exceso a sus necesidades como es el caso del propio Sr. Jorge Irizarry Herrans quién, mientras se desempeñó como jefe de agencia, fue el funcionario mejor pagado en el Gobierno de Puerto Rico con un salario que excedía anualmente los $200,000. Según el ahora director ejecutivo de Bonistas del Patio, Inc., esa cifra era mucho menor a los ingresos que generaba como consultor en finanzas en EEUU antes de iniciar funciones en el BGF.[9]

Parte de esos ingresos en exceso que generan estas personas son empleados para realizar inversiones en diferentes instrumentos financieros – práctica que siempre conlleva unos riesgos – y por los que deben recibir el pago estipulado con una mayor prioridad que el bonista extranjero. Sin embargo, tal pago lo deben recibir siempre y cuando el mismo no vaya en menoscabo del bienestar de la mayoría de los puertorriqueños quienes no han tenido la misma fortuna que ellos y dependen exclusivamente de su salario para vivir pues el único recurso que poseen es su trabajo.

Desde mi perspectiva, no me parece adecuado apoyar una junta de control fiscal que recrudecerá las políticas de austeridad que se han adoptado en el país en, por lo menos, los pasados diez años (y que han agravado la crisis económica) para garantizar el pago de la deuda a unos bonistas que, en algunas instancias, utilizan estos instrumentos para continuar incrementando sus riquezas y que, por lo general, disponen de unos recursos adicionales para poder satisfacer sus necesidades básicas. Tales políticas van en contra del bienestar de las familias cuyo único recurso es su mano de obra y continuarán promoviendo el deterioro de los servicios públicos y la calidad de vida en el país. Otros mecanismos se han propuesto publicamente para atender la crisis fiscal que, a mi juicio, son más efectivos para que el gobierno local pueda asumir la responsabilidad que le corresponde en el pago de la deuda mientras se minimiza el impacto sobre los servicios que ofrece a la ciudadanía. Entre ellos se encuentra auditar la deuda, la ley de quiebra criolla, la participación en del país en la ley de quiebra federal o una junta local de supervisión ciudadana.

En un momento histórico en el que se debate como utilizamos los recursos disponibles que tenemos para ofrecer servicios básicos a la ciudadanía y pagar la deuda a bonistas es importante identificar los grupos que participan en la discusión y cuáles son sus intereses.

[1] http://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia/20160425/281711203834477

[2] http://www.noticel.com/noticia/105099/aceptan-doble-movida-de-ubs.html

[3] http://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/enladosopuestoslosbonistaslocales-2203009/

[4] http://sincomillas.com/la-tasa-de-ahorro-de-las-familias-cae-al-nivel-mas-bajo-desde-2007/

[5] http://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/enladosopuestoslosbonistaslocales-2203009/

[6] http://www.mercadolaboral.pr.gov/Construccion_Tablas/Estadisticas_Empleo/Est_Ocupacion.aspx

[7] Para estimar el precio promedio de las unidades de vivienda usé información provista en http://sincomillas.com/60363-2/.

[8] http://www.envivopr.com/2015/05/los-10-vehiculos-mas-vendidos-en-puerto-rico-para-abril-2015/

[9] http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/misueldoselohedevueltoalgobierno-465051/

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