Inicio » Uncategorized » La deuda de Puerto Rico: una mirada coyuntural

La deuda de Puerto Rico: una mirada coyuntural

Por Heriberto Martinez Otero e Ian Seda Irizarry

En este breve ensayo pretendemos ofrecer un vistazo general e inmediato de la situación socioeconómica de Puerto Rico, reconociendo que la misma no puede comprenderse en su totalidad sin examinar las dimensiones históricas, institucionales y políticas dentro del marco del desarrollo desigual de un capitalismo global. Es por eso que no tratamos explícitamente la relación colonial con los Estados Unidos ni proveemos un análisis estructural de la economía de la isla (estas dimensiones las trataremos en un escrito comprensivo posterior). Nuestro interés inmediato radica en presentar un retrato coyuntural que pueda servir como punto de partida para los interesados━sean activistas, académicos o militantes de partidos━que quieran aproximarse a la realidad puertorriqueña y que quieran insertarse en el debate sobre posibles soluciones.

Economía en crisis

La economía de Puerto Rico entró en su noveno año de contracción económica━lo cual está teniendo impacto directo en el erario, el gasto social, y la deuda pública━como resultado de varios factores, como el colapso de la burbuja de la construcción, el desmantelamiento del modelo de desarrollo industrial, y la firma del CAFTA-DR. La situación se agravó con la crisis financiera del 2008, resultando en la contracción del crédito a pequeñas y medianas empresas, las cuales comenzaron a cerrar debido a la cancelación de líneas de crédito y a la imposibilidad de autofinanciamiento. El Producto Nacional Bruto real se redujo drásticamente (una caída promedio de -2.0% anual durante los pasados 8 años), se han destruido cerca de 270,000 puestos de trabajo, la criminalidad llegó a niveles récord, y la migración a los Estados Unidos se convirtió en la alternativa próxima de la ciudadanía para escapar de la crisis.

Austeridad expansiva

En el año 2009, entra al gobierno una administración del Partido Nuevo Progresista de corte conservador, que argumentaba que el problema económico de Puerto Rico se basaba en las “distorsiones” que generaba la gestión pública de la economía, limitando la competitividad y productividad de los “factores de producción” locales. Este nuevo gobierno anclaba su política pública en el sector empresarial privado del País y del exterior, el cual exigía cambios estructurales que le permitiera tener un mejor clima de negocios y un ambiente favorable para la inversión privada. Esta petición fue correspondida con políticas de ajuste estructural, como el despido de 30 mil empleados públicos (Ley 7 del 2009), reforma contributiva favorable a las rentas más altas, aumentos en la matrícula universitaria, y privatización de patrimonio público.

El problema de la aplicación de las políticas de austeridad en Puerto Rico, aparte de los problemas teóricos ampliamente conocidos, es que la economía se caracteriza por ser periférica, dependiente de los Estados Unidos, y tiene varios puntos de extracción de riqueza. El ejemplo más ilustrativo es el desequilibro en la balanza de pagos, debido a que las empresas de manufactura intensiva en capital en el País extraen una tercera parte del Producto Interno Bruto a través de la repatriación de ganancias hacia los Estados Unidos (cerca de $35mil millones anualmente).

Deuda Pública

Los recortes en el gasto público tuvieron un efecto multiplicador negativo sobre la economía, dado que no tuvo contrapeso con un aumento en la inversión del sector privado. La profundización de la crisis, sumado al cierre del crédito, llevaron al gobierno a hacer emisiones de deuda, las cuales alcanzaron los 16mil millones de dólares, lo que representa el 22% de la deuda total y del producto nacional bruto. En otras palabras, más de una quinta parte de la deuda total del País fueron emisiones de bonos y líneas de crédito que abrió el sector público para contener la agudización de la caída económica que el propio gobierno auto-infligió con la aplicación de la austeridad expansiva.

Debemos destacar, que aparte de la deuda, esta administración contó con apoyo de 6 mil millones de dólares (8.6% del PNB) provenientes del rescate financiero de la administración Obama (American Recovery and Reinvestment Act), además de liquidez inyectada a la banca local para evitar la descapitalización. Los cálculos más conservadores estiman que en cuatro años, la economía de Puerto Rico fue inyectada con más de 25 mil millones de dólares, lo que nos lleva a pensar que las políticas de austeridad pudieron tener consecuencias peores.

Devaluación de crédito: aumento en el servicio de la deuda

En el año 2013, el gobierno conservador es sustituido por una administración del Partido Popular Democrático de corte socio-liberal, la cual se comprometió a detener los despidos en el sector público, pero dejaba todo lo demás (convenios colectivos, aumentos salariales, consolidación de agencias) sobre la mesa de negociación. Con el nuevo gobierno, llegaron degradaciones inmediatas por parte de las empresas evaluadoras del crédito (Moody’s, S&P, Fitch), lo cual provocó que se cerraran los mercados de deuda para el gobierno de Puerto Rico, y una caída en el valor de sus bonos en el mercado secundario. Además, muchos de estos bonos teníancláusulas de aceleración, lo que complicó el panorama debido a que esta deuda que maduró al momento de la degradación, no estaba contemplada en los libros como un gasto, pero tuvo un impacto directo sobre el presupuesto, ante la imposibilidad de refinanciar esta deuda con una nueva emisión de bonos.

El servicio de la deuda se duplicó de un año a otro, lo que resultó en recortes en el gasto público, a la vez que iniciaba el debate en torno a si se debía reestructurar la deuda, o mantener el pago bajo las condiciones iniciales pactadas con los acreedores. De este debate surgieron propuestas de partidos políticos minoritarios y proyectos de ley para facultar al gobernador de turno con los poderes necesarios para declarar una moratoria en el pago de la deuda, auditarla y renegociarla. De estos, el único proyecto que llegó a convertirse en ley se le conoció popularmente como “Ley de Quiebra Criolla”, en la cual se creaba todo el marco legal e institucional para que Puerto Rico pudiera decretar la renegociación sin la necesidad de apelar a los foros federales. La ley fue declarada inconstitucional el pasado 6 de julio bajo el argumento de “campo ocupado” (preemption), debido a que la Ley Federal de Quiebras era explícita al excluir a Puerto Rico y sus municipalidades de la protección federal para la reestructuración de deuda.

La interpretación estricta y literal de la ley deja a Puerto Rico con pocos espacios de posibilidad para trabajar con su elevada deuda pública y su bajo crecimiento. En la coyuntura actual, la amenaza de impago es la única alternativa visible para convocar a los acreedores a un proceso de renegociación de los términos de la deuda. El problema de este mecanismo fuera de protección legal es que con toda probabilidad, terminará en litigio en los tribunales federales debido a que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (artículo 6, sección 8) establece claramente que la deuda tendrá privilegio en el orden de pago, y de no hacerlo, entraría en contradicción con la cláusula del menoscabo de las relaciones contractuales. Es harto conocido, que el argumento de menoscabo fue utilizado por los fondos de cobertura en el caso de reestructuración de la deuda en Argentina para exigir el cumplimiento específico de lo pactado y no aceptaron los términos de la negociación. En Puerto Rico parte de la deuda está en manos de fondos de cobertura, los cuales pueden asumir una postura contraria a la negociación (como lo hicieron con Argentina), y forzar más recortes al gasto público y aumentos escalonados en el servicio de la deuda.

Propuesta: Informe FMI

Ante el fracaso de múltiples intentos de renegociación y reestructuración de la deuda por mecanismos legales e institucionales, en el cual un tercero sea árbitro especializado en el proceso, el gobierno de Puerto Ricocomisionó un estudio a tres asesores vinculados al Fondo Monetario Internacional. Las propuestas del estudio estaban diseñadas bajo el marco de las políticas económicas por el lado de la oferta (“supply side economics”), en donde se proponían medidas de ajuste estructural en la cual se redujeran los costos de producción (particularmente trabajo), se realizara una reforma contributiva con mayor peso en impuestos a la propiedad inmueble e impuestos indirectos (se eliminarían los directos), y se continúen recortes drásticos en el presupuesto del fondo general. Las conclusiones son de carácter estándar, estableciendo que estas políticas acercarán la economía local al equilibrio de mercado y a la convergencia en el pago de “factores de producción”; lo que comenzará a tener efectos positivos en el mediano plazo y logrará bienestar en el largo plazo.


La discusión actual del informe tiene su base en que la mayoría de las propuestas del mismo para reducir costos de producción (disminución de salario mínimo, reducción de protección laboral, leyes de cabotaje) se encuentran bajo el amparo de las leyes federales, las cuales aplican a Puerto Rico por vía de la Ley 600, aprobada en 1950 por el Congreso de los Estados Unidos. Esta limitación en el rango de acción del gobierno local determina que las políticas que se pueden aplicar internamente son mínimas, por lo que la propuesta general de regresar al equilibrio de mercado queda anulada. No obstante, el problema de la deuda y la contracción económica siguen teniendo efecto directo sobre los trabajadores y las empresas del País.

Conclusión

La depresión que ha caracterizado la economía de Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XXI es el resultado de un sinfín de factores a corto, mediano y largo plazo, que van desde una política industrial fallida hasta las limitaciones intrínsecas por operar dentro del marco legal de los Estados Unidos. Todas estas dimensiones le han dado forma a un modelo económico de extracción de riqueza donde los salarios no se mueven a la par con la productividad, gran parte de la riqueza creada y las ganancias derivadas no son reinvertidas en el país, y la deuda es utilizada para saquear la riqueza que sí permanece en la isla. Bajo estas condiciones no es sorprendente que se haya creado una caída en espiral de la economía con un significativo costo social.

Los diferentes partidos políticos en el poder han demostrado continuidad al proponer y aplicar políticas de corte neoliberal que contribuyen a ampliar la crisis fiscal y socavar cualquier potencial para recuperación de la economía. El ataque al sector público es el que más salta a la vista, y el que uno esperaría que provocaría la explosión social, pero las distintas válvulas de escape (emigración, transferencias federales, etc) y la violencia del estado han logrado mitigar el tipo de protesta masiva anti-neoliberal que otros países, como Grecia, Argentina y España, han experimentado en los último años. Sin embargo, cada vez son más las voces de avanzada entre la ciudadanía que reclaman un cese de las políticas de austeridad y el inicio de un nuevo modelo de desarrollo que priorice el gasto social por encima del gasto de la deuda. La pregunta de rigor es si la estructura de relaciones de poder prevaleciente puede acomodar tales reclamos. Dado la historia reciente, entendemos que no.

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: