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[Desde la Torre] Economía: nuevo código de incentivos gubernamentales.

[Desde la Torre] Economía: nuevo código de incentivos gubernamentales.

Panel de economistas: Argeo Quiñonez y Heriberto Martínez Otero.

Periodista a cargo: Javier Villa.

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A un año de la reforma laboral

Por Jesús M. Salgado Carreras, M.A.

El 26 de enero de 2017, el gobernador-Ricardo Roselló- a petición de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, firmó la controversial Reforma Laboral, conocida como la “Ley de transformación y flexibilidad laboral” presentándola al pueblo como vital para la generación de empleos en la isla. A un año de la reforma laboral (R.L., de ahora en adelante) la generación de empleos en el sector privado todavía no se ha acentuado.

Según los últimos datos (junio 2017) del Censo Trimestral de Empleo y Salario (QCEW, por sus siglas en inglés) – los primeros cinco meses de la R.L. los empleos en el sector privado fueron menor que el mes del año anterior a la aprobación de ésta, perdiéndose en promedio 3,500 empleos por mes. A penas en el mes de junio 2017 hubo un leve incremento 326 empleos en comparación con junio de 2016, no obstante, la tendencia en la perdía de empleos continua como previo a la aprobación de la R.L. y se pudiera presenciar una mayor rotación laboral (renovación de la plantilla de empleados) -principalmente en las industrias de servicios y ventas al detal – que contratarían empleados con miras acogerse a los beneficios otorgados al patrono de la reforma.

Grafica Empleos antes y Ahora

Otro indicador que nos muestra que la R.L. no ha brindado los resultados prometidos es –el número de reclamaciones semanales del seguro por desempleo –el cual aumentó de 1,880 reclamaciones semanales a 1,985 cuando se compara el año 2016 con el año 2017, representando un aumento de cerca de un 6%, según los datos publicados por el Departamento Trabajo de Puerto Rico.

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A pesar de que los empleos en sector privado aún no se han materializado como fue prometido, lo que sí se ha materializado son las medidas anti-laborales para los segmentos de la clase trabajadora que aplica el nuevo estatuto laboral. Por ejemplo, la R.L. trajo la  reducción de los días de vacaciones de 15 días a 6 días en el primer año en el empleo, aumento en el periodo probatorio de 3 meses a 9 meses, reducción del bono de navidad, la posibilidad de jornadas laborales de 10 horas sin derecho a cobrar tiempo extra y una mayor vulnerabilidad para ser despedido de manera injusta sin derecho a una compensación- ya que un trabajador puede ser despedido por su patrono con miras a elevar la “competitividad de la empresa” sin una clara definición de la misma.

A pocas semanas de aprobada la R.L. comenzaron a sonar en los diferentes medios del país las querellas en el Departamento del Trabajo en contra de patronos como: Walgreens, Walmart, Domino’s Pizza – que despidieron y sustituyeron personal para aplicar el nuevo estatuto laboral. Los patronos se las han ingeniado con diferentes estrategias para acogerse a la R.L. La historia de un familiar es ejemplo de una de esas “estrategias” utilizadas. Su patrono, sin carta de despido, le redujo totalmente su jornada de trabajo por una semana, la próxima semana lo recibieron con un nuevo contrato, esto sin presentarle notificación del porqué del cambio de contrato y sin notificación del cambio de posición. Una manera descarada para acogerse a los beneficios de la R.L.  No me cabe duda de que deben de existir miles de historias similares que no llegaron al Departamento del Trabajo de Puerto Rico.

La R.L. plantea elevar la competitividad económica de Puerto Rico a expensas de abaratar los costos de la mano de obra y deteriorar aún más las condiciones laborales para los/as trabajadores/as de la isla. Esto por medio –la flexibilidad laboral patronal– que plantea la desreglamentación de leyes que protegen al trabajador y que las relaciones contractuales obrero-patronales no exista intervención del Estado (gobierno) – teniendo como resultado implicaciones negativas para los/as trabajadores/as en la mayoría de los casos. La experiencia mundial con la flexibilidad laboral ha resultado en: la reducción de derechos adquiridos para clase trabajadora, inseguridad del empleo (despido de manera fácil) y un aumento en la precarización del trabajo- que no es otra cosa que aumentos empleos mal pagos, sin beneficios marginales y a tiempo parcial. Esto lo afirma el estudio “Negotiating Flexibility: The Role of the Social Partners and the State” realizado por el especialista en el mercado laboral Muneto Osaki – en el que analiza 22 economías de diferentes países europeos, asiáticos, sures americanos y nortes americanos. En Puerto Rico, la llegada la flexibilización laboral no parece que será diferente.

A unos días del primer aniversario de la R.L, existirán dos tipos de ceremonias, por el lado de los empresarios una de celebración y júbilo, por el lado de los trabajadores más bien conmemoración a la muerte de derechos laborales que habían costado años de lucha y que fueron arrebatados con un plumazo. Les toca ahora a las generaciones actuales elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora y estructurar nuevos métodos de organización y lucha que mejoren sus condiciones de vida como lo hicieron generaciones pasadas.

 

¿Es posible el Desarrollo Económico de Puerto Rico luego del Huracán María?

Por Ricardo R. Fuentes-Ramírez

Demás está decir que el paso del Huracán María representó un golpe sustancial a nuestra ya débil economía. Puerto Rico se encontraba en un periodo de estancamiento secular desde el 2006. En otras palabras, no se trata de una caída pasajera en la actividad económica, sino de un colapso de nuestro modelo económico acompañado de niveles históricos de desempleo, pobreza y desigualdad. En este contexto, el huracán representa la profundización de esta crisis socioeconómica. Los estimados de daños preliminares fluctúan entre $17,000 millones y $90,000 millones de dólares; y aún la mayoría de las personas y negocios no tienen servicio de agua, energía eléctrica o telecomunicaciones. El huracán además ha provocado una ola migratoria hacia los Estados Unidos, lo que reducirá la base contributiva y como resultado, los recaudos del gobierno. Muchas empresas foráneas en la isla están contemplando abandonar sus operaciones debido al costo de repararlas, lo que representaría un golpe adicional en el área de empleo.

 

Por un lado, el gobierno puertorriqueño cabildea por recibir la mayor cantidad posible de ayudas del gobierno estadounidenses. Por otro lado, para muchos en la sociedad civil puertorriqueña, las ayudas que se esperan no serán suficientes. Debemos reclamar que Estados Unidos reconozca su responsabilidad en esta crisis humanitaria. El limbo colonial al que han sometido a Puerto Rico por más de un siglo es una de las causas de la crisis económica, y por tanto de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura previo al paso del huracán. El Congreso de EEUU debe proveer fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, y también debe legislar para eliminar la deuda pública de la isla. La deuda en sí era insostenible y para muchos ilegítima; como también ha planteado el Partido del Pueblo Trabajador, exigir que se pague en este contexto sería sencillamente un acto criminal.

 

Previo al paso del huracán, Puerto Rico se encontraba implementando medidas de austeridad y privatización, mientras se ponía como prioridad pagar la deuda pública. Esta es la política que se viene implementando, aunque con diferentes grados de intensidad en diferentes periodos, desde que comenzó la crisis en 2006. Esta política de austeridad se profundizó aún más cuando el gobierno estadounidense impuso sobre la isla la actual Junta de Control Fiscal en 2016. La mayoría de los economistas en la isla coinciden en que estas medidas lo que han hecho es aumentar la desigualdad y los ingresos de una pequeña elite, mientras se profundiza la crisis. De continuar con estas medidas, llevarían a la total devastación económica de la isla. En términos generales, el huracán no ha cambiado los fundamentos de ese panorama, simplemente ha agravado el sufrimiento humano que estas medidas ocasionarán.

Como dice el titular del buen artículo sobre Puerto Rico en la revista estadounidense Jacobin, esto es un desastre no-tan natural. La otra posibilidad es que la sociedad civil puertorriqueña, con ayuda de la presión internacional, logre que EEUU asuma la responsabilidad compartida de la crisis, asigne los fondos para la reconstrucción, cancele la deuda, y que tanto el gobierno federal como el local abandonen la peligrosa y desacreditada receta de austeridad y privatización. En este contexto, sí es posible el desarrollo económico de Puerto Rico. El peor peligro es que no construyamos un nuevo país, sino que reconstruyamos el mismo, con menor densidad poblacional. Construyamos un país donde predomine la democracia, la participación obrera y ciudadana, la economía solidaria y la equidad.

 

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